La necesaria modernización de aduanas


Si bien la entrada en vigencia de la ley 20.997 significó un avance en la modernización aduanera local para aumentar la fiscalización y la regulación, habrá que esperar para ver los impactos reales en la economía del país.

El 14 de marzo entró en vigencia la Ley 20.997 que moderniza la legislación aduanera en Chile, dotando de nuevas facultades al Servicio Nacional de Aduanas. Así, después de casi dos décadas, el reglamento aduanero fue modificado para aumentar la fiscalización y endurecer las sanciones por contrabando.

Actores del sector concuerdan en que esta nueva normativa pone al día a este servicio con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas, reconocidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque algunos advierten que aún se requiere una cirugía mayor, sobre todo, en actualización de regulaciones internacionales y adopción de tecnologías.

La nueva ley establece la creación del Operador Económico Autorizado (OEA), una entidad externa a aduanas y que tendrá participación en el control y simplificación de los procesos aduaneros y de las certificadoras de apoyo y asistencia.

Además, endurece las sanciones para quienes cometan actos de contrabando de mercancías afectas a tributación especial o adicional. Las multas pasan de 25 UTM (Unidad Tributaria Mensual) a un máximo de 200 UTM, y 300 UTM en caso de reincidencia.

Además, no podrán acordar convenios para evitar la denuncia o querella. Y un tercer punto relevante corresponde a la inclusión en la normativa de las empresas couriers (transporte expreso), las que antes no estaban reguladas.

El director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, señala que la entidad, como cualquier institución, es perfectible en sus mecanismos de fiscalización y control.

“Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Creemos que los instrumentos que nos da la Ley 20.997 nos ayudarán a ejercer la función fiscalizadora de manera más eficiente”, afirma.

Sepúlveda indica que una de las principales herramientas que le entrega la ley es el mayor plazo para formular cargos, es decir, acciones o procedimientos que la aduana ejerce con ocasión de auditorías o fiscalizaciones a posteriori a las empresas.

“Antes de la ley estábamos limitados a un plazo muy exiguo, de un año, para formular los cargos. Hoy, en cambio, partimos con un plazo de dos años”.

También destaca las medidas que impactan a las Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes, que representan el 86% de los importadores chilenos. En concreto, les otorga un plazo de hasta seis meses para pagar los derechos e impuestos, lo que hace posible que cuenten con mayor capital de trabajo lo que influye en su capacidad de generar negocios.

Impacto y valoración También hay acuerdo en que los efectos de la nueva normativa serán positivos para Chile, sobre todo, en lo que respecta a avances en eficiencia y competitividad. El gerente de Ventas de Maersk Line, Ignacio Lara, afirma que el impacto que tendrá este proyecto es positivo, si se producen los beneficios que se buscan y se logra una mayor agilidad sobre la cadena de abastecimiento.

“Que ésta sea más ágil implica que el comercio exterior se agilice y que también sea una inyección al dinamismo de la industria nacional (…) Puntos como la creación de una destinación aduanera en el depósito implican la agilización de la cadena de abastecimiento  tener menos capital inmovilizado con productos para los importadores”, destaca Ignacio Lara.

Similar opinión es la de Felipe Kattan, gerente Asuntos Jurídicos y Seguros de Finning Sudamérica, quien cree que la nueva ordenanza avanza en la dirección correcta. Plantea que la creación de los OEA y entidades certificadoras ayudarán a facilitar los procesos aduaneros; mientras que la introducción de la Destinación Aduanera de Depósito permitirá bajar costos de la cadena de importación, al permitir que las mercancías ingresadas a un depósito sean objeto de operaciones menores previo a la importación.

Por otra parte, la incorporación de regulación para el Transporte Expreso (couriers) ue valorada desde dentro y fuera del sector, porque “se hace cargo de los nuevos actores que participan en el comercio exterior”, afirma Kattan, o bien, porque deja claras las reglas del juego beneficiando a todos quienes participan del proceso, afirma Felipe Serrano, de la Agencia de Aduana Felipe Serrano: “Antes sólo había resoluciones, pero ahora con la nueva ley conocen su campo e acción”, sostiene.

En la misma línea, Víctor Henríquez, operations country manager de UPS Chile, comenta que las modificaciones facultan al director nacional de aduanas a establecer normas en forma directa sobre la industria e transporte expreso, lo que abre la posibilidad de establecer regulaciones de manera expedita en beneficio de la industria, para impulsar la agilización del comercio internacional, pues los requerimientos podrán ser aprobados directamente por esta autoridad.

“Vemos la posibilidad de consolidar los portafolios de servicios, incorporando así un alto nivel de tecnología a los procesos. Este cambio beneficiará a nuestros clientes, que lo percibirán y experimentarán como un mejor servicio (…) Las modificaciones además permitirán agilizar el mercado B2C (Business to Consumer), impulsando el comercio electrónico y también el desarrollo e industrias emergentes”, afirma Henríquez.

Durante el debate de la ley, uno de los puntos de discusión fue el potencial impacto sobre la economía que tendría la mayor recaudación fiscal producto del aumento de las multas al contrabando. Al respecto, Claudio Sepúlveda sostiene que el propósito de esta normativa no apunta a incrementar la recaudación. “Si con motivo de la aplicación de ley se generan mayores ingresos para las arcas fiscales será bienvenido, pero no es el objetivo principal”, comenta.

Nuevos retos

En cuanto a los desafíos locales en materia aduanera, Ignacio Lara de Maersk ine señala que el reto pasa por ser lo suficientemente ágiles y modernizar aspectos como la digitalización, que es la tendencia mundial y lograr implementar aquellas herramientas en el servicio de aduanas.

“Un ejemplo es tener una visibilidad online de todos los procesos que se están haciendo o poder ejecutar algunos trámites en línea, que actualmente no están disponibles (…) El hecho que se estén incorporando mayores recursos y se estén generando entidades de apoyo a la gestión aduanera es una buena señal”, señala Lara.

Por su parte, Felipe Kattan de Finning plantea que otro desafío es mantener la regulación y entidades permanentemente actualizadas en razón del dinamismo del comercio exterior, que representa alrededor de 65% del PIB, superior al promedio mundial que es 50%.

“Una economía abierta como la nuestra, que depende en tal medida del comercio exterior, debe contar con estándares, prácticas y procesos adecuados que faciliten la importación y exportación, y con un marco regulatorio que haga respetar las reglas del juego”, indica el ejecutivo.

Una opinión más crítica es la de Felipe Serrano, quien advierte que aunque la ley promueve la fiscalización a posteriori, amplia los plazos para formular cargos y aumenta las facultades fiscalizadoras del servicio; no significa una real modernización que pueda llevar a una mejora del servicio y a una reducción de costos.

“Para tener un Servicio Nacional de Aduanas más eficiente, ágil y moderno es necesario adecuar toda su ordenanza a la época actual y dejar de parcharla como ha sido hasta ahora. En esto es fundamental el diálogo público privado y el trabajo conjunto de todos los intervinientes de la cadena logística del comercio exterior”, plantea.

La normativa avanza en la dirección correcta, pero requiere ser actualizada constantemente, con el objetivo de hacer al país más competitivo y mantener el dinamismo del comercio exterior.

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