El reto de regular la migración


La inmigración a Chile se ha quintuplicado en los últimos 35 años, pero todavía es necesario el desarrollo de una legislación que facilite la inserción de extranjeros en el país, más aún al considerar su relevante aporte a la economía, el consumo y en áreas especializadas. Actualmente, el gobierno está elaborando una nueva propuesta, a la vez que las empresas se enfrentan al desafío de incorporar normas para la contratación de la fuerza laboral foránea.

Por María Akbulyakova

No solo los países de Europa están enfrentando olas de inmigrantes que llegan en búsqueda de protección y de una vida mejor. En las últimas décadas, Chile -con su fuerte crecimiento económico y nuevas oportunidades laborales- se ha convertido en un centro de atracción, sobre todo para la región latinoamericana. Y mientras que las autoridades están definiendo una nueva política migratoria, el sector empresarial exige soluciones urgentes para abordar las oportunidades laborales que esta representa.

Entre los años 1982 y 2015, según la encuesta Casen, la cifra de inmigrantes residentes en el país se quintuplicó, llegando desde 83 mil a 465 mil personas. Es más, Ricardo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asegura que el reciente Censo -cuyos resultados se publicarán en 2018-, elevará el número hasta 600-700 mil, ya que incluirá a los extranjeros con permanencia temporal.

A la vez, cerca de la mitad de los foráneos que actualmente residen en territorio nacional llegaron después de 2010. Mientras tanto, Chile todavía se rige por el Decreto Ley Nº 1.094 de Extranjería del año 1975 que “estructura la relación con inmigración en la lógica de amenaza y control que termina precarizando las condiciones de integración para la población extranjera”, afirma Sandoval.

Y eso que Chile, como cualquier estado e incluso más, necesita inmigrantes para el desarrollo económico, demográfico y cultural: todavía muy por debajo del promedio mundial, ya que los extranjeros representan apenas 2,7% de la población, comparado con el 5,1% de Argentina y el promedio de 11,3% en los países desarrollados, según la ONU.

Extranjeros, ¿quiénes son?

La inmigración en el país tiene un fuerte componente sudamericano, con Perú (30%), Colombia (13,6%), Argentina (12%) y Bolivia (10%) encabezando la lista. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado significativamente el flujo de extranjeros desde Centroamérica (Haití, República Dominicana, Cuba) y Venezuela.

La mayoría de los inmigrantes predeciblemente vienen aquí por motivos laborales, con más de 60% en edad de entre 20 y 50 años. Y les va bien: tienen un promedio más alto que los chilenos en ocupación (72,4% comparado con 53,4%) y sueldo ($585.000 versus $456.000). Sin embargo, tanto los recien llegados como las empresas chilenas se encuentran con trabas en su contratación, como visas con limitantes, cuotas para la inserción y problemas con reconocimiento del título profesional.

Legislación en curso 

Así, la visa sujeta a contrato -la única laboral hasta hace poco- pone recargos extra al empleador, exigiéndole a pagar el pasaje de vuelta, y limita el tiempo de visa a la vigencia del contrato.

En 2013, el entonces presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso un proyecto de ley de migraciones que ampliaba la variedad de visas, pero con la llegada del nuevo gobierno éste quedó congelado y la administración se comprometió a presentar su propio documento, el que quedó agendado para principios de este año. Sin embargo, el documento todavía está en “evaluación financiera”, señalaron en el Ministerio del Interior, sin revelar más detalles. En su reciente cuenta pública, la presidenta Bachelet postergó la fecha para el segundo semestre del 2017.

Para aliviar la situación laboral, en el año 2015 el gobierno introdujo una visa temporaria por motivos laborales, que no tiene las limitaciones de la sujeta a contrato. “Hemos hecho lo que llamamos el ´mientras tanto´. Es decir, mientras no está la ley, hacemos una serie de medidas administrativas, visa temporaria por motivos laborales, de unión civil, modificaciones en tema de acceso a la vivienda, salud y educación, justicia”, explica Sandoval.

Voces críticas 

A pesar de los cambios, ahora Chile no cumple la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares que suscribió en 2005, afirma Tatiana Albuja, fundadora del Movimiento de Acción Migrante. Aparte de fijar la igualdad de derechos y deberes de los trabajadores nacionales y extranjeros, el acuerdo establece ocho categorías de visas laborales, como del trabajador por cuenta propia, por temporada, fronterizo y por contrato de prestación de servicios, entre otros.

El sector de comercio y servicios es donde más se desempeñan los inmigrantes: las tiendas, hoteles y restaurantes emplean a un tercio de los residentes extranjeros, 58 mil personas, comenta Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. La ley actual “claramente no está dando cuenta de las complejidades ni de la envergadura que contempla el proceso migratorio que estamos viviendo como país”, asegura.

El tema resulta particularmente importante también para el sector de la agricultura -uno de los más populares entre los migrantes-, que tiene gran cantidad de trabajos de corto tiempo. Es necesario “para temporeros de agricultura tener algún sistema de visa de trabajo por un tiempo definido (como en Israel, Nueva Zelanda)”, afirma Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora el contrato que se hace es por faena (de 20-30 días) o por un período determinado, complicando la obtención de la visa.

Mientras tanto, con la variedad de estas normas no basta. “Ahora hay 90 días para encontrar el trabajo, y siendo turista uno no puede trabajar. No entienden el círculo vicioso que se genera: si quieres trabajar, muéstrame tu carnet – si me hace un contrato, podré solicitarlo. Eso genera un vacío enorme”, explica Víctor Hugo Lagos, responsable del programa de atención jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, la organización que ayuda extranjeros a regularizar su situación en el país y a encontrar trabajo. Una posible solución puede ser un permiso laboral amplio que no sea condicionado a un contrato o una promesa de este, como exige la ley actualmente, agrega el experto.

¿Cuotar o no cuotar?

Mientras tanto, para el sector empresarial el mayor problema de la legislación existente es la cuota de 15% de mano de obra inmigrante permitida para contratar por el Código de Trabajo. Ésta tiene varias excepciones (compañías de menos de 25 trabajadores, extranjeros-cónyuges de chilenos y profesionales técnicos, entre otras) que hacen que, según el jefe de Extranjería, “prácticamente no funcione”. Su cambio, adelanta, no fue previsto en la propuesta técnica que el Departamento mandó al Ministerio del Interior para la elaboración del proyecto, pero será un tema de discusión en el Congreso. Así, por ejemplo, podría incorporarse en el reglamento de la nueva ley.

Sin embargo, el sector empresarial tiene una opinión distinta respecto de su importancia. A pesar de que el porcentaje total de inmigrantes en la fuerza de trabajo está por debajo de 3%, algunos sectores con fuerte presencia de inmigrantes -como construcción, agricultura y comercio- consideran 15% como un obstáculo para su desarrollo.

Agricultura, por ejemplo, usa el sistema de contratistas para poder cumplir con la cuota. “Son personas que andan con un grupo de trabajadores y ofrecen un servicio de labores o faenas determinado. El servicio lo hace el contratista y no es nuestra obligación como empleadores exigir que se cumplan este 15%, a pesar de que ahora la mayoría lo cumple”, afirma Ariztía.

En el sector de construcción -donde trabajan más de 11% de inmigrantes residentes en Chile- su tasa en la fuerza laboral es de 3,5%, señala el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. Sin embargo, admite que algunas empresas ya han llegado al límite. La cuota de 15% de migrantes es bastante absurda, porque si uno deja entrar al país a una persona que está buscando trabajo, no tiene ningún sentido limitarlo después para hacerlo”, afirma.

Además, favorece la informalidad. A pesar de ser baja (16%), según la Dirección de Trabajo, las denuncias por los extranjeros por vulnerar la normativa laboral han pasado de un poco más de 1.000 en 2014 a más de 900 en lo que va del 2017.

Importancia para el mercado laboral

El aporte de inmigración para el mercado laboral chileno puede ser crucial en los años que vienen. Según un estudio de la fundación Avanza Chile, solo 35% de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años van a alcanzar a ser cubiertos por la mano de obra nacional, la pregunta es “¿quién va a trabajar en el resto para poder financiar el fisco?”, se pregunta el jefe de Extranjería.

Según Manuel Agosin, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ahora “hay escases de la mano de obra en algunas tareas que los chilenos ya no quieren hacer, de baja calificación. Uno lo ve en centros comerciales, supermercados, la gente que limpia son haitianos porque los chilenos no están disponibles”, admite.

En tanto, los inmigrantes residentes cuentan con un promedio más alto de estudios que un chileno (12,6 años comparado con 11 años). La complicación que enfrentan es la revalidación del título profesional: mientras que los venezolanos lo logran con facilidad, los haitianos –muchos de los cuales tienen educación superior- no pueden hacerlo por falta de un acuerdo bilateral, explica Lagos. Además, la única institución que se encarga del proceso es la Universidad de Chile que tiene capacidades limitadas para el gran flujo de extranjeros que llega al país.

Según un estudio de académicos de la Universidad Católica (entre 580 extranjeros), solo 13% de los migrantes lograron convalidar sus títulos, por lo cual menos de 30% trabajan en su rubro. “Hay mucho espacio para trabajadores calificados, en educación y necesitamos más médicos”, advierte Agosin. “Chile tiene un déficit de capital humano vinculado a las tecnologías de información y conocimiento de 4.000 personas al año”, agrega Sandoval.

Aporte demográfico

Los inmigrantes pueden apoyar a nuestro país no solo en términos laborales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE), para el año 2050 Chile será el segundo país de la región con mayor porcentaje de la población igual o mayor a los 60 años (30,6%) tras Cuba (38,4%) y el primero en expectativa de vida, que alcanzaría 87,9 años. Dicho resultado dejará a nuestro país en el club de “economías envejecidas”, cuando los recursos económicos consumidos por las personas mayores excederán los consumidos por los niños y jóvenes.

“Además, un alto porcentaje de personas que se están jubilando lo están haciendo con pensiones inferiores al ingreso mínimo, eso significa que nuestra tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas que van a depender del fisco para poder cumplir las necesidades básicas, va a ser cada vez mayor”, advierte Sandoval.

Mientras tanto, las mujeres chilenas tienen cada vez menos hijos: en 2014, según el Banco Mundial, la tasa de natalidad en Chile fue de 1,76 hijos por mujer comparado con 5,1 en 1960. Por lo contrario, sus compatriotas de Perú y Bolivia, por ejemplo, superan la cifra de 2,1, necesaria para la reproducción de la población, con 2,5 y 2,9 respectivamente.
“Eso es el punto, Chile necesita migración, no es solo el tema de cupos de trabajo, sino que la economía demanda consumo. Si cada vez somos menos, ¿quién va a consumir en este país?”, pregunta Sandoval.

Hay amplio consenso en que el país requiere mano de obra calificada o no calificada para suplir la escasez de industrias como salud, educación y tecnología, y que necesita ampliar el volumen de personas jóvenes para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población. El reto es avanzar en una ley de migración, acorde a los tiempos, y que resguarde los derechos de esta nueva ciudadanía, cada vez más creciente.

Recuadro: Apoyo a los trabajadores

La gerente de recursos humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, señala que la empresa cuenta con 1.820 trabajadores de 38 nacionalidades distintas. Por ello, en 2009 crearon el área de Movilidad Global que entrega soporte a los inmigrantes en diversos temas. Por ejemplo, en la realización de trámites de residencia e inserción social y en la inscripción de sus hijos en el colegio. “También nos preocupa la barrera idiomática, por ejemplo, en el caso de los haitianos a los que apoyamos generando nexos con instituciones que les imparten clases de español. Además, estamos impulsando que los contratos estén escritos en español y francés, para que entiendan claramente sus derechos y deberes”, afirma Tobar. La ejecutiva agrega que uno de los pilares de Walmart en el mundo es la diversidad y la inclusión, y que Chile no es la excepción.

“Contar con equipos diversos y un ambiente de trabajo inclusivo es una ventaja competitiva, ya que nos permite ser más creativos”, afirma.

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