La Inseguridad Energética de Chile

Justo cuando el sector de energía parecía estar retomando su camino tras un período de extrema volatilidad, una serie de cuestionables decisiones políticas amenazan con descarrilar su avance con importantes repercusiones económicas.

La historia de batallas de Chile en el sector energético se remonta a la creación de la Ley de Electricidad en 1982, que se concentró en alinear los precios mayoristas (o precios de nudo, que se revisan cada seis meses) con costos marginales de corto y mediano plazo. Este modelo funcionó bastante bien por casi 15 años, principalmente debido a los pocos cambios en la matriz en su mayoría hidroeléctrica y termoeléctrica (en 1997, el 76% de la generación eléctrica del país era hidroeléctrica, mientras que el 18% era a base de carbón). En ese tiempo, había poca preocupación por la diversidad de la matriz o por crear incentivos de inversión de más largo plazo. Sin embargo, a medida que el país se vio enfrentado a una creciente demanda y a una inminente sequía cuando llegaba a fines de la década de los 90, el Gobierno se volcó a una solución rápida, la que llegó en la forma de gas natural argentino traído por ductos a través de la cordillera de los Andes. En el año 1998, el gas natural correspondía al 15% de la generación total y para el 2004 había llegado al 36%, mientras que la generación hidroeléctrica había descendido al 43% del total.

Esto resolvió las necesidades de suministro de Chile en el corto plazo, pero hizo que otras alternativas de generación, incluidas las nuevas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, fueran menos viables en términos económicos. Con la inversión concentrada solo en plantas de gas natural, Chile se volvió peligrosamente dependiente de Argentina para sus necesidades de combustible. Mientras Argentina se recuperaba de su crisis económica de 2001-2002, las necesidades de gas natural local crecieron drásticamente, pero la falta de incentivos de inversión trajo como resultado escasez, lo que hizo que el Gobierno de esa nación redujera las exportaciones a partir del 2004. Para el 2007, las exportaciones de gas a Chile habían caído casi a cero y no se han recuperado desde entonces.

Dado los largos tiempos que involucra el desarrollo de nuevas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de gran escala, Chile rápidamente tuvo que reemplazar su capacidad de gas natural con plantas a carbón ociosas y, de manera más importante, sustituirla con diésel a precios internacionales. El impacto en los precios fue drástico y las tasas promedio de contrato subieron más de un 200% entre el 2003 y el 2008 a cerca de US$115/MWh, a lo que no ayudaron los crecientes precios internacionales de los combustibles. Si bien los precios ahora parecían más atractivos, la falta de una estabilidad de largo plazo en los precios mantuvo a los inversionistas alejados.

Dadas estas terribles circunstancias, el Gobierno efectuó reformas claves en el 2006 y creó un sistema de subastas que permite a las generadoras establecer precios fijos con mecanismos de indexación en períodos de 10 a 15 años. A esas alturas Chile se embarcó en un plan para apartarse gradualmente del diésel, reducir costos, diversificar la matriz y -en definitiva- mejorar la seguridad energética. Al mismo tiempo, se introdujeron nuevos incentivos para el desarrollo de líneas de transmisión y energía renovable. Como resultado, la inversión en el sector prosperó mientras que los precios mayoristas se estabilizaron en torno a los US$85-US$110/MWh.

Si bien las condiciones de sequía en los últimos años no han ayudado al proceso de recuperación, lo que hizo que los precios subieran una vez más, hubo consenso entre los expertos de la industria en cuanto a que, en condiciones hídricas normales, Chile lograría la deseada normalización costo/precio para 2012-2013. Desafortunadamente, justo cuando Chile se acercaba a la inflexión, surgió una nueva némesis en la forma de una fuerte oposición social a los proyecto de generación.

El polvorín comenzó en agosto del 2010, cuando el presidente Piñera de manera unilateral intervino para bloquear el proyecto de generación termoeléctrica Barrancones de 540MW, en la Región de Coquimbo, en respuesta a la fuerte oposición de la comunidad local, pese a la aprobación inicial de las autoridades regionales. Esto estableció un negativo precedente, al alentar a los grupos opositores e incrementar la incertidumbre sobre todo el proceso de aprobación. Tras de sí, dejó otros importantes proyectos en el limbo, incluidos los megaproyectos Castilla (central termoeléctrica de 2.100MW) e HidroAysén (2.750MW). En la actualidad, hay cerca de 8.000MW, o US$20.000 millones, en proyectos retrasados.

Esta situación amenaza con retrasar el proceso de normalización y crea incertidumbre respecto de la estabilidad de largo plazo del sistema. Si bien las mejores condiciones hídricas y los proyectos que ya están en desarrollo deberían ayudar al equilibrio de la oferta y la demanda hacia el 2013, el riesgo real se sitúa en el período 2014-2021.

Considerando que la demanda de electricidad típicamente crece en línea con el PIB, si Chile creciera entre un 5% y un 6% anual en ese período, requeriría un promedio de 700MW a 800MW de capacidad nueva por año. Actualmente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) proyecta una cifra más conservadora de 500MW a 600MW. Pero aún así, las demoras en los nuevos proyectos de generación están creando considerables riesgos de ejecución. Dado que la mayoría de los proyectos demoran a lo menos 3 a 4 años en desarrollarse, es bastante posible que Chile no satisfaga sus requerimientos. En definitiva, esto amenaza con tener un amplio efecto negativo en el crecimiento del PIB real debido a que la inversión, en especial de sectores con altos consumos de energía como la minería y la manufactura industrial, ha sido y se espera que sea un motor clave del crecimiento. 

Las actuales circunstancias requieren de medidas drásticas, lo que ojalá signifique reformas clave para establecer reglas claras del juego en el proceso de aprobación de proyectos. Sin embargo, el tiempo es vital y si el Gobierno no actúa, Chile podría enfrentar un significativo revés en su camino hacia el estatus de país desarrollado.

Brian P. Chase es gerente de cartera y titular de acciones andinas de Itaú Asset Management

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