Un Drenaje a la Competitividad de Chile

La disponibilidad de agua se ha vuelto un problema clave en muchas partes del mundo. Chile no es la excepción, en especial con el país en la mitad de un prolongado período de sequía. Sobre una base relativa, Chile es bastante afortunado, dado que cuenta con amplias reservas, una larga costa y un sólido escenario fiscal para dar soporte a iniciativas relacionadas con el agua. El problema para Chile radica en su geografía, con una distribución desigual de los recursos hídricos que divide al país en dos, dejando a las regiones de la zona norte y centro altamente pobladas y con muchas industrias en peligro además de creando problemas relacionados con los costos que en definitiva podrían afectar la competitividad y productividad del país. 

A nivel nacional, Chile parece privilegiado en términos de recursos hídricos. Según datos de AQUASTAT, el sistema global de información de agricultura y agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Chile se ubica en el décimo cuarto lugar a nivel mundial en términos de recursos hídricos renovables. Además, el Banco Mundial destaca que Chile tiene una escorrentía superficial total promedio (generada ya sea por lluvias o por el derretimiento de nieve o glaciares) de 53.000 metros cúbicos por persona al año, lo que está muy por encima del promedio mundial (6.000m3) y del límite inferior que se requiere para el desarrollo sustentable (2.000m3).

Pero estos recursos están distribuidos de manera desigual. Las siete regiones ubicadas más al norte de Chile tienen recursos de apenas 1.000m3 por persona al año, lo que se compara con los más de 20.000m3 en las siete regiones de más al sur. En tanto, la altamente poblada Región Metropolitana de Santiago está más cerca del promedio mundial de 6.000m3. Esto crea un importante desafío, en especial con el 63% de la población y el 69% de su PIB concentrado de Santiago al norte, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La vulnerabilidad de las regiones del norte chico ha recibido más atención en los últimos años debido a una prolongada sequía (el trienio más seco del que se tenga registro), lo que ha traído como resultado una notable caída en los niveles de los embalses, la declaración de emergencia por escasez de agua en más de 100 municipalidades y la búsqueda de soluciones de corto plazo que van desde el simple racionamiento a “bombas” financiadas por el Gobierno para obtener lluvia artificialmente, las que estimulan las nubes a fin de incrementar las precipitaciones.

Han surgido otros temas estructurales que no están ayudando a la causa. Una falta de nuevos derechos de agua en el norte y una alta concentración de derechos de agua existentes en manos de unos pocos están haciendo que cada vez más las empresas mineras se vuelquen a las plantas de desalinización. Las empresas de generación eléctrica enfrentan una fuerte oposición social a los planes de traer electricidad generada en las regiones más lluviosas del sur para el consumo de los centros de más al norte. Un debate similar se está fraguando a medida que el Gobierno explora la interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). En tanto, los agricultores están en una batalla constante con las empresas eléctricas e industriales por los pocos recursos restantes en áreas agrícolas clave. 

Todos estos temas en definitiva están llevando a mayores costos. Por ejemplo, las tarifas directas de agua, como se muestra en los resultados del primer semestre de 2012 de Aguas Andinas, la mayor sanitaria de Chile, que presta servicios a la Región Metropolitana incluido Santiago. La EBITDA de la firma creció un 9% en el período, principalmente debido al exceso de consumo y cargos relacionados a los clientes. En el caso de la minería, las costosas plantas de desalinización han aumentado los costos de inversión (por ejemplo, 20% de la inversión de US$2.300 millones en Minera Esperanza, un nuevo proyecto de cobre y oro en la Región de Antofagasta, tuvo que ver con la desalinización), sin mencionar los costos corrientes de operación, principalmente relacionados con la electricidad para operar el sistema de bombeo de 145km. En tanto, las tarifas de electricidad industrial de Chile han alcanzado los US$150/MWh, las quintas más costosas entre los países miembro de la OCDE, y están en riesgo de subir más si los bajos niveles de los embalses para la generación hidroeléctrica y una falta de nueva capacidad en los próximos años hacen que el diésel recupere una porción relevante de la matriz energética del país.  

En la actualidad, el escenario económico de Chile es estable y la demanda de bienes básicos sigue sólida, por lo que la mayoría de las empresas pueden manejar estos gastos, pero períodos prolongados de altos costos pueden producir efectos secundarios. Ahora que Chile ha descendido en dos puestos al trigésimo tercero en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial entre 144 países, los actuales acontecimientos relacionados con el agua solo se suman a la presión causada por temas relativos al gobierno corporativo, la salud y la educación pública. A medida que Chile pierda su competitividad, la dinámica de los proyectos podría cambiar, afectando la inversión y -en definitiva- la demanda interna y el crecimiento general del PIB.

Chile no puede controlar las condiciones meteorológicas ni el cambio climático, pero esperamos que a medida que el país enfrenta decisiones políticas críticas, formule políticas más integradas y sustentables relacionadas con el agua (y la energía, que están inevitablemente vinculadas), las que disminuirán la carga de costos del sector industrial y restituirán una trayectoria de creciente competitividad.

Brian P. Chase es gerente de cartera y titular de acciones andinas de Itaú Asset Management.

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