Entrevista al director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer

El ex Ministro de Educación del Gobierno de Sebastián Piñera, señala que es técnicamente imposible un sistema universitario sin costo para todos, más aún cuando la reforma está dejando una estela de incertidumbres a falta de un marco regulatorio y de definiciones clave.

A fines de mayo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley de Inclusión Escolar que pone fin al lucro, copago y selección escolar en los establecimientos educacionales que reciben subvención estatal, pieza ancla de la reforma educacional y que entra en vigencia en enero de 2016.

Pasados cuatro meses, diversos actores vinculados al sector educacional ya han alertado sobre la incertidumbre que conlleva una ley -que a la fecha- no cuenta con un reglamento y menos con directrices claras respecto de temas clave.

En este escenario, Harald Beyer, actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP) y ex Ministro de Educación bajo la administración de Sebastián Piñera, señala que el gran problema para implementar la ley de inclusión, es que no existe un marco regulatorio, que el Gobierno tampoco ha definido un modelo de costos para establecer un arancel de referencia y, menos aún, está claro cómo serán las transferencias por gratuidad. “La incertidumbre no está en la ley, sino en los reglamentos”, afirma. 

-¿Se trató de abarcar demasiado con esta reforma?

-Por un lado hay una reforma, en la que la gente no entiende qué es lo que se está haciendo y la segunda dimensión, es que la gente no cree que ésta sea la reforma que hay que sacar adelante. La población no quiere educación gratuita para todos, sino para los más necesitados, entiende que hay alternativas donde podrían canalizarse mejor los recursos.

-El CEP han señalado que no están de acuerdo con la gratuidad universal, de hecho, han planteado que sería regresivo. ¿Por qué?

-Si uno mira cómo se van a distribuir los recursos, no se sabe cómo el Gobierno va a definir las transferencias por gratuidad, son estimaciones imprecisas. Pero más o menos, aproximadamente 46% de los recursos van al 20% más alto, entonces eso la hace tremendamente regresiva.

Acaba de salir un documento de la Unión Europea que dice que los países que tienen gratuidad en Europa tienen menos alumnos, porque tienen un número limitado de recursos, por lo tanto, buscan mecanismos selectivos que finalmente perjudican a los estudiantes. Por ejemplo, los alemanes hoy tienen una tasa de cobertura inferior a la chilena y con menor participación de sectores vulnerables. Y eso tiene que ver con que no hay suficientes cupos, porque no hay muchos recursos. Por ejemplo, Alemania gasta 1,3% del PIB en educación y nosotros 2,4% del PIB, aunque mucho de nuestro gasto es privado, lo que genera espacio para ampliar los cupos. Los alemanes están tratando de revertir la situación y generar 91 mil cupos anuales, pero lo han hecho muy lento porque no tienen los recursos. 

-Usted ha dicho que la gratuidad no garantiza el acceso, ¿habría que cambiar el sistema de admisión para asegurar el ingreso de jóvenes de sectores de menores recursos?

-Hoy, en las universidades del Consejo de Rectores entran 168.000 estudiantes, y los que quedan fueran son 380.000 que entran a CFT (Centro de Formación Técnica) o universidades privadas, de ellos van a recibir beneficios sólo 60.000 y el resto no recibirán, porque están en universidades que no cumplen con la acreditación o porque están organizados como una corporación comercial, como lo permitía la ley. Esto hace que el sistema vaya dejando a muchos jóvenes fuera y eso no es lo adecuado. El Gobierno debiera definir otro marco regulatorio, no soy partidario de la gratuidad, pero el paso lógico era ése.

Hay que combinar flexibilidad académica con equidad. Uno puede cambiar el sistema de admisión, pero a lo mejor entran más alumnos vulnerables, pero no permanecen. El sistema de admisión está muy cargado hacia las habilidades cognitivas y muy poco a otras no cognitivas, y ése es el cambio que hay que hacer. Por ejemplo, las universidades en Estados Unidos ponderan habilidades deportivas, sociales, de liderazgo. 

-En Argentina las universidades estatales son gratuitas, pero hay alta tasa de deserción. ¿Cómo lo ve usted?

-Tienen una muy baja tasa de graduación, de hecho, es una de las más bajas del mundo. Se gradúan 27 de cada 100 y en Chile es 48.  Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, el número de estudiantes que ingresa es muy alto, pero muchos no terminan.

Los países que tienen universidades gratuitas las han tenido siempre, no hay ninguno que haya involucionado a la gratuidad. Por ejemplo, Inglaterra tuvo un sistema de pago proporcional y hoy todas las universidades son pagadas. 

-En Chile, la ministra Delpiano ya adelantó que la gratuidad universal comenzará gradualmente a partir de 2016. ¿Cuáles son las principales incertidumbres que persisten?

-Creo que no va haber gratuidad universal. Es muy complejo de implementar. Sí se podría lograr gratuidad para los más vulnerables. Técnicamente es muy difícil, el problema que tiene el Gobierno hoy en día, es un problema de corto plazo, porque no tiene un marco regulatorio definido para que las instituciones o los estudiantes puedan tener beneficios. Por ejemplo, ¿se van a respetar los aranceles actuales o no se van a respetar? El Gobierno ha dicho que va a definir un modelo de costo, pero hasta ahora ni siquiera ha podido establecer los costos de las universidades estatales. Hoy sostiene que va a haber un arancel de referencia más un tope de 20% para cubrir la brecha con el arancel de referencia, esto va a permitir en algunos casos cubrirlo, pero en otros la brecha persistirá. De hecho, las mismas universidades estatales están reclamando que no les alcanzaría y se está generando una negociación bastante inconveniente. Como no hay modelo claro para definir los precios, al final es la presión de todos lo que va a definir los aranceles, quién tiene más fuerza, será una decisión política.

Por otro lado, si el Estado hace un modelo de costos puede estar apoyando programas que no son valiosos para la sociedad. 

-¿Usted está de acuerdo que el subsidio sea a la demanda? ¿Se debe entregar directo a las instituciones o a los alumnos?

-Tiene que ser un subsidio a la demanda, es la mejor forma en que le rindan los recursos al Ministerio de Hacienda. Es bueno que los estudiantes puedan elegir, es una forma de control social. 

-En un sistema de demanda, una carrera vale más o menos en función del impacto y oportunidades en el mercado laboral, en este contexto, ¿el mecanismo de asignación debiera ser de acuerdo a estas variables?

-Como la educación no debe ser gratuita, debiera existir lo que yo llamo gratuidad condicionada. El Estado debe tener un ancla y ésta debe ser el financiamiento que esté dispuesto a prestarle al estudiante por la duración total de la carrera. En este esquema, al comienzo la universidad debe decir cuánto cobrará por estudiante y el Estado debe decir para cada grupo de carreras y universidades voy a poner este financiamiento y el alumno compara el costo de la carrera con el financiamiento máximo que va a poner el Estado, si se produce una discrepancia, la universidad tiene que demostrarle al Estado que efectivamente sus costos son mayores de lo que le está dando, si no es capaz de demostrarlo, tiene que entregarle a los estudiantes recursos a través de una beca o un crédito.

En este esquema, el Estado me está diciendo que le agrego valor al alumno por tanto y yo le estoy cobrando más, como lo financio yo, mejor reduzco la oferta en determinadas carreras y aumento aquéllas más atractivas desde el punto de vista de la demanda, lo que es cierto para 94% de las carreras que se dan hoy. No es un buen sistema para las carreras humanistas que son de alto retorno social, pero no necesariamente de alto retorno privado, como las artes, la literatura, entre otras. En este caso, el esquema debe ser distinto.

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El costo de la reforma

-El Gobierno ha dicho que el costo de implementar la reforma será de US$ 5 mil millones al año. ¿Esto es suficiente o hay riesgo que en el camino se tenga que ir inyectando más recursos?

-Hoy estamos gastando del orden de US$ 1.300 millones y calculo que el costo adicional debiera ser del orden de US$ 3.800, entonces, es más o menos la misma cifra. No creo que se requieran más recursos, porque la tasa de matrícula en los colegios está cayendo, dado que la tasa de natalidad está bajando. Ya tenemos una cobertura alta, por lo tanto, no debiera haber un déficit.

Donde tenemos un gran déficit es en investigación, en Chile, de 1.000 personas empleadas hay 72 investigadores, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 100. En Chile se invierte 0,39% del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D) según la OCDE, con muy baja participación de privados. El promedio de la OCDE es 2,4%, entonces, en qué nos gastamos los recursos, yo diría en investigación. 

-¿Debería ser distinto el mecanismo de financiamiento para las instituciones que hacen investigación?

-En Chile, las universidades complejas son la Católica, la Chile y la de Concepción, y hay otras con investigación avanzada como las universidades de Santiago, Santa María, de Talca, de la Frontera y otras con investigación emergente. Para estas instituciones los aportes basales debieran convertirse en aportes para la investigación. 

-¿Cuál es su visión del Consejo Consultivo que anunció la presidenta Bachelet? Se crítica que no consideró representantes de las universidades privadas. ¿Usted cree que ayudará a despejar, por ejemplo, el camino para hacer el reglamento?

-Como no soy partidario de este conjunto de políticas no me siento representado por ellas. Haciendo un juicio evaluador, son gente con experiencia, no es una comisión que va a elaborar una propuesta, es un consejo consultivo que emitirá una opinión.

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