Chile avanza en la gestión de situaciones de emergencia

El terremoto y tsunami de 2010 dejaron a dos millones de personas damnificadas y produjeron pérdidas por US $ 30 mil millones, significando el 18% del PI B, según cifras oficiales citadas por la superintendencia de valores y seguros en un informe. cada año entre 1980 y 2011, Chile registró, En promedio, pérdidas cercanas al 1,2% de su PI B debido a desastres naturales. un adecuado manejo de estas situaciones es clave para el desarrollo de un país que se está poniendo pantalones largos frente a los riesgos que enfrenta, y para lo cual se están realizando acuerdos de cooperación con países como Estados Unidos.

Por Claudia Marín

El secretario nacional de Bomberos, Raúl Bustos, se encontraba a cargo del trabajo en la zona de Constitución, tras el terremoto de 2010. Más de mil voluntarios llegaron al lugar, uno de los más afectados por el sismo, aunque sin la preparación adecuada para una situación de esa envergadura. La ayuda no sólo se requería ahí, pero ellos ni siquiera tenían claridad de a quién debían reportarse.

Ese terremoto marcó un antes y un después en la gestión de emergencias. El evento que golpeó a la zona centro-sur del país a las 3:34 am del 27 de febrero ha sido uno de los más devastadores para Chile y el sexto más fuerte del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Con una magnitud de 8,8 grados Richter, el movimiento telúrico afectó a 233 comunas y 370 mil viviendas, generando dos millones de damnificados. En términos de costos, fue el quinto más importante en la historia, representando el 18% del PIB de Chile, según el informe “Terremoto 2010” de la Superintendencia de Valores y Seguros. El documento dice, además, que el Gobierno estimó las pérdidas económicas del terremoto y tsunami en US$ 30 mil millones.

La situación puso de manifiesto el déficit de una infraestructura adecuada para enfrentar la emergencia y una serie de descoordinaciones entre todos los estamentos involucrados en responder a la catástrofe.

Para Bomberos, fue el punto de inflexión para crear un sistema nacional de operaciones que coordinara los grupos de respuestas, movilizándolos orgánicamente dentro del país. Lo que más se necesitaba, dice Bustos, era sistematizar los procedimientos.

“Naciones Unidas siempre nos ha dicho que en Chile, quizás por idiosincrasia, no éramos muy amigos de tener procedimientos escritos y protocolos. Hoy, al menos Bomberos de Chile los tiene”, acota.

La reformulación del sistema

El país está particularmente expuesto a catástrofes por ubicarse sobre el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, zona sensible a sismos y erupciones volcánicas al estar justo sobre la unión de placas tectónicas. Su ubicación costera deja a la mayor parte del territorio a merced de marejadas y tsunamis, al tiempo que debe hacer frente a más de 500 volcanes potencialmente activos.

En promedio, cada año entre 1980 y 2011, Chile registró pérdidas cercanas al 1,2% de su PIB debido a desastres naturales, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

Por tanto, la preparación para enfrentar situaciones adversas es clave. Por sus características, Chile responde a las emergencias con la infraestructura del Estado –municipios, gobernaciones, intendencias, Ministerio del Interior– y con las capacidades que organismos públicos y privados aportan al Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), cuyos organismos técnicos monitorean las amenazas para activar el sistema de alertas, junto a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).

Esta última tiene el papel de coordinar, planificar y ejecuta acciones preventivas, de alerta, respuesta y rehabilitación. A través de sus Sistemas de Comandos de Incidentes (SCI), también participan instituciones especializadas y otras que aportan capacidades en distintas instancias, como las Fuerzas Armadas.

Un sistema que, según el director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), Rodrigo Cienfuegos, no fue suficiente para enfrentar el terremoto y tsunami de 2010.

En 2011, el gobierno de Sebastián Piñera presentó la modernización de la Onemi, estableciendo el Sistema Nacional de Emergencias y Protección Civil y la Agencia Nacional de Protección Civil. En 2013, la iniciativa alcanzó a llegar a segundo trámite en el Senado, pero en 2014 la presidenta Michelle Bachelet presentó una indicación sustitutiva.

Se anunció entonces la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el nuevo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con el fin de actualizar la institucionalidad. El proyecto se encuentra todavía en el Congreso.

Los avances

La Onemi reconoce que el 27F puso de manifiesto falencias operativas y preventivas. Pero destaca que, a partir de ahí, se ha materializado un desarrollo integral de la institución y del sistema de Protección Civil. Aspecto que, según la autoridad, quedó demostrado con los terremotos de Iquique en 2014 (8,2° Richter), Coquimbo en 2015 (8,4° Richter) y Chiloé el año pasado (7,6° Richter).

“La inversión de Chile en infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana y planificación urbana ha asegurado que las muertes hayan sido bajas en esta ocasión, a pesar de la intensidad del terremoto”, señaló luego del evento de Coquimbo, Margareta Wahlström, entonces jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

El cambio climático y la mayor exposición a zonas vulnerables “obligan a considerar escenarios más complejos. Frente a esto se requiere un marco legal vinculante y transversal que permita emplear integradamente las capacidades”, dice el director nacional de la Onemi, Ricardo Toro.

Un organismo de emergencias, con mayores atribuciones y capacidades de gestión, debe conjugarse con la aplicación obligatoria de una planificación que integre todos los niveles, todo bajo una visión de Estado, explica Toro. Junto con ello, una ley que defina estos aspectos, determine las funciones de los comités e integrantes del SNPC e incorpore instrumentos de gestión y fondos presupuestarios.

Mientras tanto, la entidad ha trabajado en superar las falencias. Por ejemplo, las direcciones regionales creadas en 2008 comenzaron a operar en 2010 con seis funcionarios 24/7; hoy, cada una tiene 15 o más personas y Centros de Alerta Temprana (CAT) conectados al nivel central (CAT Nacional) y sus respectivos Sistemas Regionales de Protección Civil.

Se han establecido sistemas de comunicación redundantes –Red Satelital de Emergencia y Red Nacional de Telecomunicaciones HF– y vehículos con radios satelitales.

Se han generado protocolos claros, procedimientos estandarizados, pruebas de telecomunicaciones y simulaciones. Se implementó el Visor de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), un sistema que identifica las zonas de riesgo y más de 40 mil datos de infraestructura crítica que puede ser afectada, junto con un Sistema de Alerta de Emergencia a través de telefonía celular (SAE) y sirenas en el borde costero para evacuaciones en caso de tsunami en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins y Maule.

Mayor colaboración

Las experiencias internacionales han sido un sustrato importante en la redefinición de la institucionalidad. Japón, por ejemplo, es un referente en estas materias. Su sistema tiene un alto componente de prevención y cultura cívica, con ciudadanos que tienen un rol activo en la superación de emergencias.

Estados Unidos también ha sido parte del crecimiento de Chile en esta etapa. Especialmente California, que también sabe de desastres naturales: tras cinco años de sequía, en 2016 fue afectado por inundaciones que dejaron cuantiosos daños y, hace sólo unas semanas, sufrió incendios forestales que obligaron a desalojar a más de 100 mil personas.

Y fue justamente el incendio que afectó a 620 hectáreas de Oakland en 1991, lo que motivó a crear un sistema organizado de respuesta a emergencias de múltiples niveles, capaz de estructurar el flujo de información y recursos.

“El estado de California es considerado líder en la gestión de emergencias. Al tener tantos desastres aprendemos cómo manejar, cómo prepararnos, cómo entrenar y cómo recuperar esos desastres. El sistema que usamos, tanto en California como a nivel nacional, se llama Standardized Emergency Management System”, explica la directora asistente de Relaciones Internacionales de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), Helen López.

Todas las agencias trabajan en este sistema unificado, que prioriza las necesidades y que coordina toda la respuesta y la información a los recursos. López añade que fue adoptado por el gobierno federal y que para que éste aporte fondos a los estamentos locales y estatales, se requiere utilizarlo.

“Muchas delegaciones vienen a aprender a California, pues muchos países lo quieren incorporar”, agrega.

Chile es uno de ellos. En 2011, una delegación de 24 representantes de Onemi, Carabineros y Conaf, entre otros, visitó California y desde entonces se ha intensificado la relación y el trabajo en preparación, entrenamiento y en el intercambio de mejores prácticas.

En esa línea, en 2016 se firmó un acuerdo de entendimiento con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), para potenciar la reducción de riesgo de desastres y promover la resiliencia en ambos países. Para ello, el director de Cal OES, Mark Ghilarducci, el director de Cal Fire, Ken Pimlott, y otras autoridades viajaron a Chile y conocieron la realidad del trabajo que se está desarrollando.

Pimloff también firmó un convenio de colaboración con Conaf para profundizar las medidas de prevención y gestión de riesgo de incendios forestales.

La respuesta del sector privado

La interrupción de los servicios básicos a la población es otra de las aristas a enfrentar. Y fue también otro de los temas que este año generó un arduo debate en la opinión pública, particularmente los cortes de luz y agua que Santiago y otras ciudades del país enfrentaron por deslizamientos de tierra o sistemas frontales.

Las interrupciones se prolongaron por varios días en algunos sectores, poniendo en entredicho la capacidad de resiliencia de las empresas proveedoras. Los entendidos relacionan tales situaciones al calentamiento global, y sin duda es algo que está suponiendo un reto para las compañías de servicio público.

Por ejemplo, los eventos de este año evidencian la necesidad de definir cuál es la red eléctrica que Chile quiere para el futuro, cuál es el estándar que la regulación debe adoptar para enfrentar situaciones de excepcionalidad y qué se necesita para que eso pueda cumplirse, plantea el gerente general de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo.

En esa línea, las firmas del sector están adaptando y mejorando sus procesos, intensificado los planes permanentes de poda para despejar las zonas de vegetación cercanas a las líneas eléctricas, incorporando tecnologías –como drones–, nuevos equipos de protección o líneas recubiertas, entre otras.

En la Asociación Nacional de Servicios Sanitarios (Andess) destacan que en general esta área responde bien a las contingencias, resaltando que luego de 72 horas del terremoto de 2010, el 87,5% del suministro estaba repuesto y a cinco días, el 90%.

El presidente ejecutivo de Andess, Víctor Galilea, resalta que el sector sanitario en su conjunto invirtió US$ 537 millones en 2016 –17% más que en 2015– y que más de la mitad de esa cifra se destinó a asegurar la producción de agua potable, tanto en construcción y mantención de infraestructura como en búsqueda de nuevas fuentes de agua.

En este rubro, Aguas Andinas se incorporó al Sistema Nacional de Protección Civil y ha trabajado con las autoridades en la creación de una cultura de prevención. Participa también en el Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las Organizaciones (SeCRO).

En el sector energético, la Empresa Nacional de Energía (ENEX) cuenta con un modelo de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA) que considera preparación para operar bajo estos riesgos. Esto obliga a la firma a revisar y comprobar sus planes de emergencia y contingencia para asegurar que su efectividad y control sean los establecidos.

Simulacros, incorporación de tecnología y capacitación de sus colaboradores son algunas de las acciones de la empresa con este objetivo.

Con todo, y aunque quedan temas pendientes en materia de legislación e institucionalidad, el país parece estar avanzando hacia un modelo más sostenible de gestión de emergencias, sobre todo al considerar el impacto humano, social y económico en torno a ellas.

La prueba, sin embargo, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia, no tiene fecha confirmada.

Avances de la colaboración

uego de varios acuerdos firmados entre Chile y una serie de organismos de EE.UU. especializados en emergencias, el subdirector de Planning y Preparación de Onemi visitó California para intercambiar ideas y aprender sobre el programa de tsunamis y sismos, y sobre el programa de voluntarios de Cal OES, comenta Helen López.

Asimismo, en septiembre pasado, con el apoyo del Consejo Chile-California y del cónsul general, representantes de Conaf estuvieron con sus contrapartes de Cal Fire para capacitarse en sobrevuelo nocturno, detección de incendios y en cómo responder a ciertos tipos de incendios, entre otros temas.

Y en octubre, un equipo de dos instructores viajó a Chile para trabajar con la Onemi y certificar a un grupo de casi 40 personas en el programa de Equipos Comunitarios de Respuesta ante Emergencias (CERT, por sus siglas en inglés), que busca instruir a la comunidad para enfrentar las primeras horas de una emergencia. “Vemos muy bien el liderazgo de la Onemi, que está haciendo todo lo posible por llevar la técnica y la experiencia de California a Chile”, acota López.

Bomberos de clase mundial

Uno de los primeros organismos que atienden emergencias es Bomberos. Y tras las falencias del sistema completo en 2010, hubo una decisión estratégica de fortalecer sus procedimientos y especializar sus equipos.

Tras siete años de preparación, a mediados de noviembre el equipo USAR Bomberos de Chile fue evaluado y certificado por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de las Naciones Unidas, lo que lo convierte en el primer grupo latinoamericano calificado internacionalmente para este tipo de acciones, acreditándolo para prestar apoyo al extranjero frente a desastres naturales y otras emergencias. Estados Unidos es el otro país con equipos de esta categoría.

El aporte de la investigación

Hasta el 27F, el foco académico había estado en el tema sismológico y en las áreas vinculadas a la geofísica, que realizaron aportes importantes para el desarrollo de normas de construcción, explica Rodrigo Cienfuegos, de CIGIDEN, entidad que integra a las universidades Católica de Chile, Andrés Bello, Federico Santa María y Católica del Norte.

El terremoto, añade, hizo reaccionar a los planteles de educación superior y a Conicyt para comenzar a destinar recursos específicos para la investigación interdisciplinaria en tópicos como cambio climático y desastres, incluyendo también a las ciencias sociales. Las investigaciones apuntan a la determinación de amenazas hasta la salud mental de los equipos de emergencia.

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