Mejorar el sistema de pensiones, la tarea pendiente de Chile

Con el ingreso hace pocos meses del proyecto de ley de Reforma Previsional, nuevamente se reactivó el debate en torno a los recursos que disponen los chilenos para enfrentar y caminar en la última curva de la vida. Cómo aumentar el monto de las jubilaciones es la pregunta clave y frente a la cual, junto a la propuesta del gobierno, hay ideas que respaldan el sistema de capitalización individual, profundizando la importancia del ahorro voluntario y la urgencia de mayor y mejor educación previsional a la población.

Por Airam Fernández

Un chofer de micro de 71 años trabaja entre 10 y 12 horas, con su esposa como copiloto, pues ella padece un avanzado Alzhéimer que los deja a ambos sin otra opción. En Coquimbo, donde viven, ningún familiar puede cuidarla ni tampoco cuentan con los recursos necesarios para buscar atención especializada. A más de 400 kms, en un restaurante ubicado a pasos de La Moneda, en Santiago, un hombre de 85 años trabaja “a escondidas” como anfitrión del lugar. Dice que lo hace más por gusto que por obligación y, aunque le pagan menos de lo que deberían por una jornada de cuatro horas, se adapta al trabajo porque la pensión de $ 150.000 que recibió a los 65, tras jubilar, no le alcanza para vivir.

El primer caso se hizo viral en redes sociales a principios de noviembre, luego de que una usuaria de esa micro compartiera la historia en su cuenta de Facebook. El segundo, es una pequeña muestra de una situación que crece en el país y que fue retratada en el Censo 2017: la población de adultos mayores que trabaja tras alcanzar la edad de jubilación, creció 89% en los últimos diez años, pasando de casi 700 mil personas a 1.322.151.

Una realidad empujada, más allá del deseo individual de mantenerse activos en la última curva de la vida, por la necesidad de incrementar el monto de las pensiones. Aunque el sistema previsional local es reconocido como uno de los mejores, ocupando el octavo lugar en todo el mundo del Índice Global de Pensiones Melbourne Mercer 2018, expertos coinciden en que se puede hacer más para mejorar el principal problema, que radica en los bajos montos: entre enero y agosto de este año se pensionaron 53.577 mujeres y 48.904 hombres, con un promedio de $ 153.742 de pensión autofinanciada, según un análisis de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess).

En un país donde las personas de la tercera edad van en aumento, llegando hoy al 11,4% de la población según el último Censo –en 1992 representaban el 6,6%–, el tema se ha convertido en un dilema que urge resolver y que los últimos gobiernos han tratado de abordar con distintas propuestas.

En 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se instauró el Pilar Solidario, que a grandes rasgos busca asegurar una mejor pensión a las personas con menos recursos, junto con la obligación de cotizar para independientes, asunto postergado hasta la fecha. Y tras otro intento de reforma frustrado en su segundo mandato, el futuro de las pensiones hoy está en manos del gobierno de Sebastián Piñera, con un proyecto presentado a finales de octubre y que propone mantener a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como la columna vertebral del sistema, pero introduciendo cambios graduales, como el 4% de cotización adicional en un plazo de ocho años. Esto permitiría aumentar hasta en 40% las jubilaciones de los cotizantes, sin las llamadas lagunas, de aquí a 40 años. Sumado a los antecedentes expuestos, es importante destacar el aporte del sistema de AFP, cuyo manejo ha contribuido al crecimiento del país con más de US$ 170 mil millones en fondos de pensiones, o el equivalente al 70% del PIB.

En esta línea, el presidente de AmCham Chile, Guillermo Carey, señala que “gracias a nuestro sistema se han promovido nuevas inversiones, se ha fomentado el ahorro nacional y se ha contribuido a la creación de un mercado de capitales robusto”. Además, plantea el ejecutivo, “se han traído las mejores prácticas en materia de transparencia, probidad y compliance, dando como resultado una responsable gestión de los fondos de todos los chilenos, fortaleciendo el sistema y asegurando un ejemplar ‘stewardship’ de los capitales ahorrados. Sin embargo, es clave seguir identificando oportunidades de mejora reales, concretas y equilibradas”.

Las propuestas

Hoy el debate local no gira en torno a la conveniencia de tener un sistema de capitalización individual versus las ventajas de uno de reparto. De hecho, el gerente general de la Asociación de AFP (AAFP), Fernando Larraín, dice que los países desarrollados han ido saliendo de esos sistemas, al notar su poca sustentabilidad en el largo plazo. Y en ese sentido, el proyecto que está en el Congreso considera medidas que se enmarcan en tres dimensiones –pilares solidario, contributivo y voluntario–, en un marco donde crece el número de personas que se preocupa por mejorar sus futuras pensiones.

Así al menos lo cree el diputado Patricio Melero (UDI), quien en una reunión entre parlamentarios de ChileVamos y los ministros del Trabajo y de Hacienda a fines de noviembre, manifestó que la experiencia acumulada desde la creación de los multifondos y del Ahorro Previsional Voluntario (APV), “demuestra que gradualmente, pero sin pausa, los chilenos se irán preocupando cada vez más de sus recursos previsionales y en qué invertirlos”. Una conciencia que ha ido en franco aumento desde el año 2002, cuando entró en vigencia el APV y que hoy totaliza un millón 800 mil cuentas.

Pero más allá de cómo ha permeado el concepto del ahorro voluntario, actualmente los grandes consensos están en que la tasa de cotización debería ser más alta y en que es necesario aumentar la edad de jubilación para elevar el período de ahorro, considerando que la expectativa de vida se ha alargado 20 años respecto a lo que ocurría hace casi cinco décadas. “No es razonable pensar que se puede obtener una jubilación acorde con lo ganado durante el período activo, trabajando la misma cantidad de años y cotizando el mismo porcentaje que hasta ahora”, sostiene la socia principal de EY Chile, Macarena Navarrete.

Esta última variable, no abordada en el proyecto actual, ha sido sugerida por el Centro Internacional para la Gestión de Pensiones (ICPM), que en octubre presentó en Santiago un informe que pese a resaltar que el sistema chileno suele ser mencionado como un modelo a seguir, afirma que “el fortalecimiento de los elementos actuales no resolverá la crisis de las pensiones chilenas”.

Junto con ello, pone el foco en el descontento local y en las protestas que se iniciaron en 2016, cuando más de dos millones de personas se manifestaron en contra de los resultados del sistema de cuentas individuales, que ofrece una tasa de reemplazo del 70%, versus el 35% o 40% que en promedio recibe la mayoría.

El informe, explica Pedro Atria, country head de Principal y presidente de AFP Cuprum, es enfático en señalar que para los trabajadores que contribuyen regularmente, el sistema sí entregará pensiones adecuadas.

“El problema, y lo dicen así, es que Chile necesita poner más dinero en el sistema de pensiones, refiriéndose a que hay que subir la tasa de cotización, lograr que más personas coticen y fortalecer el Pilar Solidario”, observa el ejecutivo respecto a un sistema que “no resuelve” el problema de quienes al día de hoy no ahorraron lo suficiente o ya se han pensionado. “Para ese grupo hay que buscar una solución alternativa”, advierte, subrayando que desde hace dos décadas se debió haber ajustado el sistema a los cambios demográficos y del mercado laboral, por lo que ahora se hace necesario anticiparse a lo que ocurrirá en los próximos 20 años. En ese contexto, y considerando que Chile se ubicará entre los diez países más viejos de la OCDE al año 2075, Larraín hace hincapié en que la tasa de cotización debiera acercarse mucho más al promedio de 19% de los países de este bloque. Y si bien valora los incentivos anunciados para permanecer más tiempo en el mercado laboral, dice que postergar la edad de jubilación es una medida “urgente”.

Tomando el caso de las mujeres, por ejemplo, que cuando deben jubilar a los 60 años tienen ahorrada casi la mitad menos que los hombres –según un estudio de la Subsecretaría de Previsión Social, con datos a marzo de la Superintendencia de Pensiones–, Larraín propone que, si jubilaran a los 65 años, sus pensiones subirían entre 38% y 50%. “Es un tema que no puede seguir esperando”, insiste.

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, se ha referido a estas demandas en varias oportunidades. Una de las últimas fue a principios de noviembre en el seminario “Reforma de Pensiones: La Hora de la Verdad”, organizado por AFP Cuprum, AmCham y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, donde Zaldívar explicó la posición del gobierno.

En la oportunidad, manifestó que no se puede aumentar la tasa de cotización “de manera irresponsable, pensando sólo en el futuro, pero no en el presente”, pues se podrían poner en riesgo las fuentes laborales de los trabajadores; y sobre retardar la edad de jubilación, descartó que sea un “tema político” cuyo costo no quieran asumir.

“Creemos que el mercado laboral local no da garantías de poder tener a todos esos adultos mayores empleados”, argumentó.

Con todo, Tamara Agnic, socia de Advisory de KPMG Chile y ex superintendenta de Pensiones, advierte que “algunas de las deficiencias del sistema tienen su origen en otros ámbitos y no necesariamente son atribuibles al sistema de pensiones”, dice en referencia a la propuesta del gobierno sobre la necesidad de que todo sea analizado junto con otras iniciativas actualmente en tramitación, como la modificación de las normas para incorporar a los trabajadores independientes a los regímenes de protección social; el proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, para fomentar la participación laboral femenina; o el proyecto de ley de transparencia y agentes de mercado, que fortalece la fiscalización de los asesores previsionales.

Reforzar la educación

Macarena Navarrete, de EY Chile, considera importante avanzar sobre aquellas variables que tienen un mínimo consenso –como lo que ya está en el Congreso–, mientras se discute el resto.

En esa línea, Tomás Castro, socio líder de la Industria Financiera de Deloitte, sostiene que la propuesta del gobierno reúne los elementos mínimos para abordar la discusión, advirtiendo, eso sí, que no hacer los cambios que el sistema requiere implicará que, en forma progresiva, aproximadamente 26% adicional de la población de adultos mayores se verá afectada de aquí al año 2050.

A la problemática de este grupo etáreo, el ejecutivo suma la baja cobertura de las mujeres, las lagunas previsionales y los trabajadores independientes como algunos de los desafíos que deberían ser abordados y medidos en forma individual por ser variables “muy específicas”, cuyo análisis por separado puede llevar a una mejor solución a futuro y a nivel conjunto.

La obligatoriedad en la cotización de trabajadores independientes y por cuenta propia es clave en la disminución de las lagunas previsionales, otra de las causas para las bajas pensiones en general, explica Larraín, observando que no es sostenible mantener ese 30% de la fuerza laboral que no contribuye al sistema. “Ahí da lo mismo tener una tasa de cotización de 14%, 15% o 20% pues si ese porcentaje no cotiza, sus pensiones seguirán siendo extremadamente bajas”, asevera. Sobre este grupo es donde también deberían enfocarse las políticas, enfatiza Pedro Atria, junto con fortalecer aspectos de educación previsional para hacer de esta variable un “pilar fundamental”. Un ámbito que, “tanto para los antiguos como para los actuales y futuros usuarios del sistema, es clave”, añade Castro.

Coincide Agnic, de KPMG, puntualizando que es necesario emprender “urgentemente” estrategias para que los cotizantes comprendan la importancia del ahorro como un mecanismo que va en beneficio directo de las futuras pensiones.

Desde el gobierno están conscientes de esto, asegura Zaldívar, y es un tema en el que se han propuesto avanzar. Para ello, las AFP y todas las entidades que se incorporarán al sistema “deben tener un rol decisivo”, dice a propósito de la propuesta de destinar el 0,25% de las comisiones que recauden anualmente para financiar proyectos y actividades del Fondo para la Educación Previsional (FEP), orientado a difundir información ciudadana sobre el funcionamiento del sistema.

En este punto, Larraín acota que en la AAFP ya están trabajando para fortalecer la arista educativa, mejorando la comunicación con los afiliados y pensando en estrategias didácticas para acercarse más a ellos, como lo que plantea la plataforma SonTusLucas.cl, sitio web de consulta y orientación donde cada persona puede hacer un seguimiento más detallado de su situación de ahorro.

Con todo, y pese a que cada aspecto y medida del tema parece ser “urgente”, Pedro Atria, de Principal y Cuprum, comenta que en las instituciones que dirige, la preocupación y urgencia hoy es poder recobrar la confianza de los afiliados puesto que son, en definitiva, quienes requieren de los cambios esenciales que dependen de la celeridad legislativa para lograr pensiones más altas. Como las que ya no tendrán el chofer de Coquimbo y su esposa, o el anfitrión del restaurant en el centro de Santiago.

Incentivar la permanencia laboral

En Rabobank, hace un par de años decidieron contratar a ex gerentes y ejecutivos con amplia experticia y seniority, ofreciéndoles una jornada laboral más flexible y menor remuneración. “Nos ha funcionado muy bien y ganamos todos. Nosotros, con toda su experiencia y gran aporte a la organización. Y ellos, porque se posicionan en un rol de maestros y siguen trabajando porque así lo quieren”, explica Pamela Ríos, gerente de Recursos Humanos de la entidad financiera donde el 24% de la nómina corresponde a personas de la generación baby boomers. Este ejemplo grafica una de las preocupaciones del gobierno: quienes quedan cesantes a los 50 o 55 años, una edad “donde encontrar trabajo formal es muy baja en el país. Establecer una edad de jubilación mayor, sin realmente dar oportunidades laborales, supone un escenario donde esas personas no tendrán trabajo ni ingresos”, sostuvo la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar en el foro organizado por AmCham, AFP Cuprum y la UC. Coordinar un trabajo con los empleadores para atender esta problemática e incentivar la permanencia en el mercado laboral, es uno de los grandes empeños del gobierno, aseguró.

La reforma en claves

La cotización obligatoria pasa del 10% a 14,2%. Los puntos porcentuales adicionales serán financiados por el empleador e irán a las cuentas individuales. El 0,2% de la cotización irá a un Seguro Solidario que financiará una pensión adicional y creciente con la edad, para adultos mayores con dependencia severa.

  • El incremento de las pensiones del Pilar Solidario será de 40%, y pasará de ser el 0,8% del PIB al 1,12%. Esto significará un aumento inmediato del 10% de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS).
  • Se crea el Bono a la Clase Media: aporte adicional a los jubilados de ese segmento que superen un mínimo de cotizaciones (16 años las mujeres y 20 años los hombres), y que crecerá en relación a los años cotizados, será mayor para las mujeres y contendrá un aporte adicional para quienes decidan postergar la jubilación.
  • Cambios al proceso de licitación de afiliados: la idea es profundizar el concurso público, ampliándolo más allá de los nuevos cotizantes que se incorporan al sistema de AFP.

Licitaciones: La visión de la OCDE

El 3 de diciembre, la OCDE presentó su informe “Perspectivas para las Pensiones 2018”, donde analizó el ítem de licitaciones de cartera de nuevos afiliados para proponer la suma de otros criterios, además del precio, “para ser realmente efectivos”.

El informe explica que, a pesar de que el país mantiene políticas diseñadas para fortalecer los mecanismos de mercado como la licitación, nuevas AFP “podrían hacer ofertas insosteniblemente bajas, con la esperanza de que obtendrían ganancias suficientes de las economías de escala para seguir siendo rentables si ganaban la subasta”. En ese escenario, la advertencia radica en que luego de que una administradora gane la licitación, eventualmente puede aumentar sus tarifas para compensar esta “insostenible” posición, “erosionando los beneficios del sistema de licitación, o disminuyendo la calidad de sus servicios de inversión y administración”.

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