El gran reto para convertir a Chile en potencia Agroalimentaria

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El cambio climático ha afectado con fuerza al sector agrícola: Más de 31.000 hectáreas de frutales se perdieron en 2013-2014 sólo en la Región de Coquimbo por la sequía Y, aunque hay una oportunidad de diversificar la economía de las zonas más lluviosas, el gran desafío es mantener activa la agricultura frente al avance del desierto. mejorar la infraestructura hídrica, sobre todo de acumulación, es crucial.

Por CLAUDIA MARÍN

Cobre, fruta fresca, vino, celulosa, productos agroindustriales y salmón. Juntos, estos productos representan más del 70% de las exportaciones de Chile y, aunque su origen parece ser muy diferente, todos coinciden en algo: su producción depende del agua.

Se estima que el 81% del recurso hídrico chileno se destina a riego, con lo que la agricultura se transforma, por mucho, en el principal consumidor de agua del país. De lejos le siguen la industria (6,8%), el uso doméstico (6,2%) y la minería (6%), según datos del Instituto de Ingenieros de Chile.

Gracias a este uso intensivo, Chile se ha posicionado como el principal productor de frutas del hemisferio sur. De acuerdo a estadísticas de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), durante la temporada 2016-2017, se enviaron al mundo 2.597.756 toneladas de frutas frescas. De ellas, 869.296 toneladas tuvieron como destino a Estados Unidos, mercado que creció en 9,7% respecto de la temporada anterior y que atrae principalmente a los productores de uva de mesa, manzanas rojas, arándanos, paltas, kiwis y peras. Europa y el Lejano Oriente, liderado por China, son el segundo y tercer mercado de interés para estas exportaciones.


Los buenos resultados en esta área se condicen con el objetivo trazado por el país de convertirse en una potencia agroalimentaria, desafío público-privado lanzado en la década del 2000 y que ha contado con diversas campañas de promoción a nivel internacional.

El problema pasa, sin embargo, por la debilidad que enfrenta el largo territorio chileno para proveer de agua, sobre todo con el cambio climático que trajo una sequía que por años ha devastado a algunas zonas, en particular las ciudades del centro-norte del país.

En la Región de Coquimbo este tema es especialmente delicado. El sector fue declarado, nuevamente, zona de catástrofe por las autoridades a fines del año pasado, pese a que las lluvias ocurridas durante 2017 permitieron que la mayoría de sus embalses llegara a su nivel máximo en diez años, garantizando así el suministro inmediato. Sin embargo, se estima que muchos acuíferos locales no han logrado recuperarse todavía y que el agua para consumo humano en localidades al interior de la región, aún está en riesgo.

Y es que la escasez de lluvias, que duró una década, causó efectos importantes en distintas áreas productivas de una zona donde la producción agrícola es clave. El grado de impacto fue tal que, según la Sociedad Agrícola del Norte -citada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en su documento “Infraestructura crítica para el desarrollo”-, el terreno total de plantación de frutales en la temporada 2013-2014 se redujo por escasez de agua en 31.000 hectáreas (hás), con pérdidas estimadas en US$ 1.000 millones a raíz de la sequía.

En la Región de Valparaíso, en tanto, de acuerdo al documento de la CChC, el impacto de esta situación ha significado eliminar entre seis y siete mil hás de paltos y 1.300 hás de cítricos en la provincia de Petorca, con pérdidas en la producción de US$ 300 millones y de US$ 200 millones en inversión en huertos. En diciembre pasado se volvió a decretar zona de catástrofe a 14 comunas de esa región, incluyendo a La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo, Limache, San Felipe, Catemu, Quillota y Los Andes.

Esta situación contrasta con otra realidad: en el país, especialmente en la zona central y sur, cerca del 85% del agua que baja de la cordillera no se aprovecha y se vierte al mar. Chile utiliza 18.000 millones de metros cúbicos (m3) de agua anualmente y en ese mismo período, 92.200 millones de m3 entre la I y la IX regiones, terminan en el mar.

“Estamos vertiendo al mar cerca de 72.000 millones de m3 de agua dulce que podrían aprovecharse en parte para la agricultura y abastecimiento de ciudades”, explica el director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, Maximiliano Letelier.


“Lamentablemente, las inversiones a nivel hídrico han sido bajísimas durante más de 50 años”, añade Felipe Martin, presidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (Agryd) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR). El experto, que dirige la consultora MÁS Recursos Naturales, cree que al país le falta una adecuada infraestructura de embalses y canales, sistemas de monitoreo y control de caudales y tecnologías modernas como sistemas de infiltración y acumulación de agua subterránea.

“Eso provoca que tengamos un país rico en agua, pero muy pobre en infraestructura hídrica, lo que conduce a estar permanentemente en un déficit hídrico. Situación en la que no debiéramos estar”, recalca.

Falta inversión

De acuerdo a la “Estrategia Nacional de Recursos Hídricos”, documento generado en el anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuyos ejes serían retomados durante esta administración, Chile podría ser calificado en el contexto mundial como un “país privilegiado” en esta materia.

Según el informe, que cita datos del Banco Mundial, al considerar todo el territorio chileno, el volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurre por los cauces es de 53.000 m3 por persona al año, superando en ocho veces la media mundial (6.600 m3/habitante/año), y en 25 veces el mínimo de 2.000 m3/habitante/ año que se requiere desde la óptica de un desarrollo sostenible.

De hecho para Letelier, Chile hoy posee riquezas comparativas “insuperables” para la agroindustria, que podrían colocarlo en el sitial de líder a nivel mundial. “Sin embargo, la escasez hídrica, los vaivenes de este recurso, la pobreza de su gestión y la falta de infraestructura pública que asegure este suministro para el sector, podrían menoscabar nuestra potencialidad”, dice. Durante las primeras décadas del siglo XX, la realización y el financiamiento de las obras de regadío estuvo en manos de privados. Recién a partir de los años ’30 el Estado comenzó a tener un rol más activo, en respuesta a las crecientes necesidades del sector silvoagropecuario.

Actualmente, según datos recogidos por la CChC en 2015, en el país existen 12.000 canales de regadío, con 6.400 captaciones en cauces naturales, los que suman una longitud estimada de 40.000 kilómetros entre canales de la red primaria y secundaria.

Además, hay 1.180 embalses menores o medianos y 38 obras de regulación mayores construidas por el Estado, considerando la Laguna del Maule y el Lago Laja.

Estos embalses, dice el informe de la CChC, representan un total de 4.460 millones de m3 almacenados y, si a lo anterior se agregan los volúmenes embalsados para fines exclusivamente hidroeléctricos, la capacidad de almacenamiento total del país supera los 7.000 millones de m3. Esto representa una capacidad de regulación de 425 m3 por habitante.


Entre los últimos avances, a comienzos de este año se inauguró el embalse Chacrillas, en la Región de Valparaíso, que requirió una inversión de $ 69.500 millones y que tiene una capacidad útil de 27 millones de m3 de agua destinados al riego de más de 7.000 hás agrícolas de Putaendo. En 2017, en tanto, se dio inicio oficial a las obras del futuro embalse Chironta, en Arica, poniendo en marcha el Plan Nacional de Embalses, iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet que planteó la construcción de 20 obras entre 2015 y 2025.

A su vez, el presidente Piñera anunció durante su campaña que aumentará la superficie de riego tecnificado, reimpulsando la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos elaborada en 2013, además de terminar el proceso de construcción de embalses e iniciar nuevas obras de riego y de almacenamiento de agua.

Y es que las estimaciones de demanda indican que el desafío que enfrenta Chile es mayor. El presidente de Asoex, Ronald Bown, comenta que el Ministerio de Agricultura prevé que para 2030 la superficie cultivada bajo riego podría llegar a las 1.332.533 hás, y a casi 600 mil hás de superficie frutícola bajo riego.

“Sobre la base de estas proyecciones, se puede estimar que los requerimientos de recursos hídricos llegarán a más del doble de los identificados en el censo del año 2007”, puntualiza.

El líder gremial explica que para alcanzar ese objetivo resulta vital mejorar la gobernanza del agua a nivel de cuencas, avanzar en la construcción de embalses de acuerdo a las planificaciones existentes y realizar mayores esfuerzos por mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto a nivel predial como extrapredial.

Para hacerlo, hay que superar una barrera que, según el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, ha sido difícil de sortear: las inversiones son de tan largo plazo, que los proyectos que se inician no alcanzan a ser inaugurados por el gobierno de turno.

Esto desmotivaría el interés en este tipo de iniciativas. “La planificación, el estudio, los recursos y finalmente la ejecución de un embalse, por ejemplo, es un tema que dura ocho o diez años. Ha sido complejo, y la prueba está en que en los últimos años se han inaugurado muy pocos y muy insuficiente cantidad de embalses como un elemento súper fundamental para la acumulación de agua para riego”, dice Matte.

El ejecutivo señala que hasta ahora no se condice el eslogan de “Chile potencia agroalimentaria” con la inversión pública, directa o en concesiones, especialmente en sistemas de acumulación para tener mayor seguridad de riego. Por eso, el país depende en un alto grado de la acumulación natural de agua en la cordillera a través de la nieve, recurso que finalmente se pierde sin ser aprovechado productivamente. A su vez, es cada vez más vulnerable al cambio climático, que ha generado períodos de deshielo más cortos.

Para Maximiliano Letelier, aunque existe conciencia de lo urgente que es invertir en la construcción de embalses que permitan almacenar los excedentes de agua de los ríos en los meses de invierno, esta idea no ha sido acompañada de inversión real en este tipo de obras.

“Hasta el momento no existe una política pública integral que permita, por un lado, mitigar los efectos del cambio climático en materia hídrica en los próximos años y, por otro, potenciar la oportunidad que hoy tiene Chile en su agricultura, transformándose en potencia alimentaria. Probablemente no hemos tenido una política pública de tan largo plazo”, recalca.

Los privados

Una de las ideas que han surgido en esta discusión y, por cierto, en la que hay mayor acuerdo, es la necesidad de construir una carretera hídrica que lleve agua desde la zona sur hasta las regiones más secas, reimpulsando con eso el desarrollo de la agricultura.

Según estimaciones de la Corporación Reguemos Chile, entidad creada por el empresario Juan Sutil, la nueva infraestructura permitiría regar un millón de hás nuevas, duplicando la actual capacidad de cultivo y también las exportaciones agroalimentarias.


Además de otras externalidades positivas, sus impulsores esperan que el proyecto aumente la inversión en el país en más de US$ 50.000 millones, considerando una inversión de US$ 20.000 millones en infraestructura, US$ 25.000 millones en plantaciones agrícolas y US$ 10.000 millones en logística.

Estados Unidos, España, Portugal, Libia y Perú cuentan con proyectos similares, que han impactado positivamente en la población de esas naciones, dice Letelier. “Estados Unidos es un ejemplo porque no sólo tiene carreteras hídricas sino que también grandes y medianos embalses y sistemas de infiltración de napas, que es algo muy interesante: es un sistema en el cual se acumula agua en un pequeño tranque y se deja que esa agua se infiltre hacia las napas subterráneas”, cuenta Juan Pablo Matte. En Chile, agrega, ya se han hecho algunos análisis para su aplicación.

Las iniciativas de privados no sólo van en la línea de los grandes proyectos hídricos, sino que están apuntando también a mejorar el uso del agua en los predios. Ronald Bown explica que el sector privado invierte cada vez más en tecnificar el riego para hacerlo más eficiente, con tecnologías que permiten regar un predio utilizando hasta 30% del agua que se requeriría usando el sistema tradicional.

Avances que permiten saber cuándo y cuánto regar también son parte de las inversiones que los agricultores están haciendo para optimizar el uso del recurso y la calidad de su producción. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Agricultura, del millón de hectáreas productivas que tiene Chile, casi la mitad está cubierta por mecanismos de riego tecnificado como goteo y microaspersión, entre otros. Inversiones propias y fondos estatales están ayudando a avanzar en este sentido.

Y es que la tarea que queda por delante es ardua, sobre todo frente a un 2018 que se anticipa ligeramente seco en la zona centro-sur, producto del fenómeno de La Niña. Pero también porque, de no avanzar, el objetivo de convertirse en una potencia agroalimentaria podría comenzar a diluirse.

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